Sin justicia social no hay mitigación climática en América Latina

La agenda de combate al cambio climático va más allá de los objetivos de las NDC y va de la mano con la promoción de la justicia social y la responsabilidad de los países del Norte Global de promover el apoyo financiero justo y la transferencia de tecnología.

Las alarmas suenan permanentemente. Sequías prolongadas en Chile, bajos niveles de ríos y lagos en Argentina, Brasil y Panamá, incendios forestales en California, Argelia, Grecia, y Siberia, inundaciones urbanas en Alemania, calor extremo en la costa oeste de América del Norte. Es en medio de estas y otras expresiones simultáneas de la crisis climática que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) publica su sexto informe de evaluación. El tono de «alerta roja» puede no haber sido nuevo para muchas personas, pero la magnitud del problema lleva el foco hacia el debate sobre cómo hacer posibles acciones políticas para tomar las decisiones más acertadas. Cada región del mundo se ve afectada de manera diferente y, tanto en América Latina, como en el Sur Global, el desafío es aún mayor porque existe una estructura de desigualdades heredada del proceso de colonización y posteriores décadas con un modelo de desarrollo basado en la degradación medioambiental y alta concentración de riqueza.

La primera parte del informe del IPCC es como un examen médico, una tomografía computarizada. Identifica los problemas, las regiones más afectadas y donde es posible regenerar, señalando causas y consecuencias. Pero el remedio es una decisión ciudadana y política, además de requerir mucha cooperación. El grupo de 234 científicos del IPCC ha demostrado que los seres humanos causamos el calentamiento global, debido a la emisión indiscriminada de gases de efecto invernadero desde la revolución industrial. El clima está cada día más desestabilizado y las emisiones siguen aumentando a pesar de toda la retórica política y las promesas vacías. La recuperación frente a la crisis del COVID ha sido prácticamente sin elementos “verdes” y se avecina un periodo con desafíos en varias dimensiones: ambiental, social, económica y política.

En América Latina, los desafíos de la mitigación y adaptación climática deben sumarse a la erradicación de profundas injusticias sociales. Según el informe «El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo en 2020”, de Naciones Unidas, 47 millones de personas pasaron hambre en la región en 2019. Y si la política alimentaria no cambia, alrededor de 67 millones vivirán en inseguridad alimentaria para 2030. Por otro lado, la creación de empleo e ingresos atraviesa una profunda crisis. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que el 11% de la población latinoamericana estará desempleada este año. En 2020, la pandemia causó la destrucción de aproximadamente 30 millones de empleos. Además de esta situación, hay cerca de 158 millones de personas en informalidad, lo que representa el 54% de los 292 millones que conforman la fuerza laboral regional. Otro desafío regional es la vivienda. En octubre de 2020, el Banco Mundial advirtió que dos de cada tres familias latinoamericanas no cuentan con viviendas con estándares mínimos de bienestar y seguridad. Sin agua, alcantarillado, ventilación, transporte, electricidad o acceso a Internet, las ciudades de la región se han convertido en el epicentro de la pandemia del coronavirus. Este es el complejo contexto de la región que concentra el 8% de la población mundial y representa casi una cuarta parte de todas las muertes por covid-19 registradas hasta junio de 2021.

Asumir la responsabilidad histórica de la estabilización del clima a través de una recuperación sostenible en América Latina requiere la cooperación regional y del Norte Global que permita la justicia social y económica. La idea de la recuperación verde como oportunidad es interesante, pero no toma en cuenta la complejidad del gigantesco desafío que debe enfrentar el continente. Las condiciones climáticas y sociales requieren cambios radicales para garantizar la seguridad de la vida de los latinoamericanos. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2020 la retracción de la economía regional fue del 6,7% y la expansión en 2021 no cumplirá con los desafíos. Más que generar empleos verdes, hace falta una estructura social y productiva para descarbonizar la economía, promueva el acceso a los derechos fundamentales y regenere biomas como la Amazonía.

El ruido de las alarmas es casi ensordecedor. El planeta Tierra no tendrá ninguna posibilidad si países con gobiernos y élites negacionistas continúan desacreditando el trabajo de los científicos, destruyendo bosques para una economía extractiva y primaria, quitando los derechos de los pueblos originarios o amenazando la vida de los ambientalistas y defensores de los derechos humanos. No hay más tiempo para retrasos. Necesitaremos mover rápidamente las manillas del reloj y reorientar nuestra brújula, para utilizar nuevas métricas sociales que nos lleven hacia un paradigma de dignidad colectiva común de Sur a Norte, de Este a Oeste.

La alerta roja que grita el informe del IPCC para América Latina, especialmente, nos llama a desarrollar acciones basadas en evidencia, con datos desagregados a cada realidad local, inversión justa y cooperación regional. Para ello, es urgente que los países que se han beneficiado de las altas emisiones que han generado la crisis, cumplan la responsabilidad que han adquirido a través de diversos tratados internacionales, en especial el Acuerdo de Paris: pagar su deuda climática entregando apoyo financiero y transferencia de tecnología y capacidades para la transición a los países que más lo necesitamos. Entre estas medidas, cabe mencionar la urgencia de aumentar el compromiso de financiamiento, cuya meta de 100 mil millones de dólares anuales hacia 2020 no ha sido cumplida y debe ser ampliada considerablemente. No hay más espacio ni tiempo para declaraciones políticas evasivas. Deben demostrarse las formas de lograr la transformación, asegurándose de que sea radicalmente justa y equitativa.

Sylvia Siqueira y Pedro Glatz, directora ejecutiva y coordinador de contenido de Nuestra América Verde. 

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