¡Hacia una transición socioeconómica y ambiental que sea justa!
La meta más ambiciosa de la COP26 será basar las decisiones de políticas climáticas en un modelo de transición justa con reparación histórica junto a las poblaciones y territorios violados por un sistema que produce desigualdades.
El IPCC demostró que la acción humana es la responsable por el calentamiento del planeta. Pero no todas las personas son igualmente responsables y tampoco serán afectadas con la misma intensidad por el cambio climático.
Los incendios, las sequías, las inundaciones, los bajos niveles de los ríos, el deshielo, el frío y el calor intenso son fenómenos climáticos provocados por el poder económico de pocas naciones del Norte. Estos fenómenos afectan de manera más fuerte a los territorios del sur global, especialmente a las poblaciones indígenas, quilombolas, negras, mujeres y jóvenes de las periferias urbanas y rurales.
La crisis climática es, por lo tanto, el resultado de una visión de desarrollo caracterizado por el hambre y la inseguridad alimentaria, el racismo sistémico, el desempleo y el trabajo informal. También, tiene de resultado bajos niveles de educación en las poblaciones periféricas, poblaciones sin hogar, hogares en zonas de riesgo y muchas familias viviendo una pobreza energética e hídrica profunda. Además, está presente a través de enfermedades causadas por la precariedad del saneamiento básico, en el machismo y otras violencias de género, en la expropiación de tierras indígenas y quilombolas, en la destrucción de biomas y en la mercantilización de la biodiversidad.
Exigimos una gobernanza global ética basada en el cuidado colectivo y en la descolonización de los paradigmas de la economía política.
La definición de Contribución Determinada a Nivel Nacional [CDN] y el modelo de financiamiento para el desarrollo deben romper con los patrones de la modernidad colonial que hicieron de América Latina la región más desigual del planeta, y aún más devastada después de la pandemia de Covid19. Para eso, Los esfuerzos mundiales de cooperación financiera y solidaridad internacional deben responder a algunas demandas históricas.
fin de los paraísos fiscales, adopción del impuesto mínimo global y renta básica universal
Regular los paraísos fiscales para evitar el desvío de recursos que deberían invertirse en políticas públicas nacionales.
Adoptar un sistema de cooperación fiscal y el impuesto sobre el patrimonio para los más ricos.
garantizar el trabajo decente, el
desempleo cero y el fin de la informalidad
Establecer cooperación entre Norte Global y América Latina y el Caribe para generar empleo decente a gran escala y formalizar el 54% de la fuerza laboral regional, fortaleciendo el entorno para garantizar los derechos laborales y la seguridad social de las y los trabajadores.
erradicar el hambre
y la inseguridad
alimentaria
Invertir en políticas nacionales de erradicación del hambre y programas subnacionales de agricultura familiar, especialmente dirigidas por mujeres. Y invertir en huertos urbanos de ciclo corto, sin pesticidas y con distribución de alimentos a través de vehículos de energía limpia o baja emisión.
garantizar
seguridad y equidad energética
Invertir en capacitación, transferencia tecnológica y producción de insumos para una transición energética justa e inclusiva con la producción y distribución de energía limpia para toda la población.
No apoyar iniciativas para abrir plantas de energía nuclear o expandir plantas de energía termoeléctrica.
invertir en
transporte limpio
y accesible
Cooperar con los gobiernos subnacionales, comenzando por los grandes centros urbanos de América Latina y el Caribe, para la implementación del transporte público 100% eléctrico y gratuito, con ciclovías e infraestructura para la movilidad urbana no motorizada.
defender el derecho a la tierra, a la información y a la gobernanza ambiental
Apoyar a los pueblos indígenas y quilombolas en la lucha por la demarcación territorial. Fomentar la cooperación para el desarrollo justo en los términos del Acuerdo de Escazú. Establecer mecanismos de apoyo y cooperación con mujeres para que sean propietarias y desarrollen alternativas sanas de manejo del suelo. Promover apoyo a las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos y ambientales.
Un llamado urgente para transformar América Latina:
14 propuestas para la década 2020-2030
Nuestra América Verde reúne a legisladores y otros líderes políticos y sociales de varios países para poner en práctica el Plan de Recuperación Económica con Justicia Social y Ambiental 2020-2030 en la región.
Con demandas urgentes en 14 zonas, el objetivo es aliviar el cambio climático y al mismo tiempo reducir las desigualdades que se han hecho aún más profundas con la pandemia de Covid-19 y asegurar la calidad de vida de la población. El objetivo es una transformación productiva basada en el realismo científico, la cooperación internacional y la justicia social, los tres pilares de un programa que valora la colaboración por encima de la competencia y defiende la necesidad de una estrategia conjunta entre los países latinoamericanos.
